Lo que antes era un riesgo hoy se ha convertido en una realidad, las organizaciones criminales están buscando la obra pública como un mecanismo de lavado de activos. Reformaremos el Sistema Nacional de Contratación Pública para fortalecer el control de proveedores y asegurar que trabajen con recursos lícitos. Se dispondrá la obligatoriedad de intercambio de información permanente entre el SERCOP y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). Es indiscutible que el retraso en los pagos y la posibilidad del inicio de obras sin entrega de adelantos, se ha convertido en un incentivo para el ingreso de dinero ilegal en estas actividades. Si además consideramos los retrasos y corrupción en el pago de proveedores, descubrimos la co responsabilidad de la administración en haber abierto esta puerta.