Obligatoriedad de que la creación de empresas públicas se realice mediante ley, evitando la proliferación de nuevas empresas públicas, y de esta manera la corrupción y el despilfarro. Si son empresas, su gestión debe ser empresarial tanto en lo laboral como en lo financiero. No pueden convertirse en mecanismos para distraer los controles de gasto o los relativos al régimen de contratación pública.