El Gobierno Central acumula atrasos a los proveedores del Estado y a otras instituciones públicas, que en la actualidad superarían los 3.500 millones de dólares (no existe transparencia en el manejo de esa información), contagiando la crisis al resto de la sociedad, que sufre las consecuencias del mal manejo económico del estado, a través de atrasos e impagos a cientos de proveedores. A esto habría que sumarle la deuda de más 1.400 millones de dólares que acumula el IESS con prestadores privados, clínicas, centros de diálisis. Además de las implicaciones de “contagio” al sector privado, esta situación se convierte en incentivo de corrupción alrededor de la discrecionalidad del Ministerio de Finanzas para decidir la prioridad en los pagos a los proveedores del Estado: tramitadores, sobornos, tráfico de influencias, se convierten en la forma de gestionar esos pagos. Reformaremos el Código de Finanzas Públicas, para crear una categoría especial para el pago de proveedores y prestadores cuyas ventas anuales al estado no superen los 5 millones de dólares. Este mecanismo contemplará que una vez que se hayan cumplido todos las requisitos previos, se emita una orden de pago que ingresará a una base de datos para la liquidación de acreencias bajo el modelo “primer llegado, primer servido”. Los proveedores podrán acceder en línea a una página web en la que consta su posición en la “cola de pagos”, desincentivando la corrupción para agilitar pagos.