Problema:

El Gobierno Central acumula atrasos a los proveedores del Estado y a otras instituciones públicas, que en la actualidad superarían los 3.500 millones de dólares (no existe transparencia en el manejo de esa información), contagiando la crisis al resto de la sociedad, que sufre las consecuencias del mal manejo económico del estado, a través de atrasos e impagos a cientos de proveedores. A esto habría que sumarle la deuda de más 1.400 millones de dólares que acumula el IESS con prestadores privados, clínicas, centros de diálisis.

Siendo los mayores afectados: la ciudadanía que necesita de los servicios que proveen estos proveedores, como los de salud. Asimismo, siendo afectados los miles de ciudadanos que trabajan en estas empresas que proveen al estado los servicios, se traducen en padres y madres de familia que no pueden cobrar sus sueldos, dado que el gobierno no paga, lo que afecta directamente a su economía y a su familia.

Solución:

Reformaremos el Código de Finanzas Públicas, para crear una categoría especial para el pago de proveedores y prestadores cuyas ventas anuales al estado no superen los 5 millones de dólares. Este mecanismo contemplará que una vez que se hayan cumplido todos los requisitos previos, se emita una orden de pago que ingresará a una base de datos para la liquidación de acreencias bajo el modelo “primer llegado, primer servido”. Los proveedores podrán acceder en línea a una página web en la que consta su posición en la “cola de pagos”, desincentivando la corrupción para agilitar pagos.