Se impulsará una enmienda constitucional que establezca que el Presupuesto General del Estado tendrá una vigencia de dos años, reduciendo de esta forma el tiempo que las instituciones públicas le dedican a la preparación y aprobación de presupuestos anuales, que generan ineficiencias y desperdicio de recursos que resultan en una pérdida de calidad en la atención de las necesidades de la ciudadanía. Así mismo se realizarán las reformas que permitan avanzar al Presupuesto Base Cero, lo cual implicará que cada institución estatal, deberá justificar adecuadamente la necesidad de la asignación de recursos para su operación, eliminando todo incremento inercial del gasto público.